Movilidad privada e infraestructura de recaraga en "ZBE" (Zona de Bajas Emisiones) ó "LEZ" (Low Emission Zone)
En España hay 149 ciudades que deben crear zonas de bajas emisiones según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero solo 58 han cumplido con esta obligación a fecha 22 de enero de 2026, lo que representa únicamente el 34,3 % del total, con 91 ciudades en proceso de implementación y 20 que ni siquiera han comenzado a planificarlas, según recoge el Diario El Español.
Un retraso que compromete la salud pública debido al impacto negativo de la contaminación del aire en enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de poner en riesgo fondos europeos para los municipios incumplidores, que podrían perder subvenciones si no activan sus ZBE a tiempo. Algunas ciudades, como Valencia, ya han sufrido consecuencias económicas al no aplicar estas medidas, teniendo que asumir mayores costes en el transporte público
Los expertos recuerdan que las zonas de bajas emisiones son fundamentales para mejorar la calidad del aire, reducir la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5, partículas menores de 10 o 2,5 micras, respectivamente), y el ozono troposférico (O3) en el seno de ciudades medianas y grandes, con el fin de proteger la salud urbana.
En Galicia, las principales ciudades están avanzando de forma desigual en la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) para restringir el tráfico y mejorar la calidad del aire, con una moratoria que finalizaba el 1 de enero de 2026. Pontevedra y Ourense lideran la implantación de ZBE, ya en funcionamiento, mientras que otras como Vigo o Lugo aún no tienen fechas confirmadas. A Coruña, por ejemplo, ha optado por la opción de peatonalizar ciertas calles de la ciudad y no imponer restricciones de acceso por tipo de vehículo en zonas de bajas emisiones.
Aunque el papel principal en la resolución de este problema reside en el transporte público y el fomento de los viajes multimodales e intermodales, no se puede obviar el hecho de que siga existiendo la movilidad en vehículo privado en el futuro.
En el apartado de la movilidad privada, se ha venido fomentando la adopción creciente de vehículos eléctricos (puros e híbridos) para contribuir no solo a reducir la exposición a los contaminantes mencionados, sino además como una herramienta estratégica para reducir la dependencia energética de productos derivados del petróleo, contribuir a la adopción de energías renovables y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) .
En la pasada década (2015-2025) hemos observado una adopción tímida de vehículos eléctricos en el parque automovilístico español, de hecho según datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos, a finales 2024, la flota de vehículos para pasajeros eléctricos de batería completa (BEV) y la flota de vehículos híbridos enchufables, que disponen de un motor de combustión interna (PHEV) representaban un 0.72 % y 0.93 % respectivamente del parque total de España.
Existen numerosos factores por los cuales la adopción de vehículo eléctrico ha sido inferior a la esperada, entre ellos la llegada tardía de incentivos para la compra, oferta limitada en el mercado con precios de venta de los vehículos eléctricos superiores a los de combustibles fósiles, y finalmente, la falta de una infraestructura de recarga adecuada fácilmente accesible y conveniente para los usuarios. Para ilustrar este último punto, el Informe anual 2024 - Vehículo electrificado de ANFAC indica que España dispone de 805 puntos de recarga por millón de habitantes frente a 1.877 de la UE27 a cierre de 2024. En los países nórdicos como Dinamarca, Suecia o Noruega el ratio se sitúa por encima de 5.000.
Cabe destacar que un aspecto fundamental para fomentar de manera complementaria la adopción de vehículo eléctrico es la puesta a disposición de los conductores de opciones de carga atractivas para todos los segmentos poblacionales y en diferentes ubicaciones de las ciudades.
Este despliegue de infraestructura ha sido liderado hasta la fecha por el sector privado, emergiendo empresas que se dedican al despliegue de infraestructura de carga, pero no ha contado ni con planificación a un nivel municipal ni ha tenido en cuenta la carga sobre la red de distribución eléctrica de las ciudades. La adopción generalizada del vehículo eléctrico planteará importantes retos para las redes de distribución locales, muchas de las cuales no fueron diseñadas para adaptarse a las crecientes e irregulares demandas de energía que requiere la recarga de vehículos eléctricos. En particular, transformadores y las redes de distribución pueden sufrir sobrecargas, desequilibrios de tensión y congestión, especialmente durante los periodos de mayor consumo. Aunque la mejora de la infraestructura de la red es una posible solución, su implementación suele ser costosa y compleja.
En esencia, resulta necesario incrementar progresivamente la cuota de vehículos eléctricos e híbridos de forma que se pueda materializar una reducción de emisiones y una mejora de la calidad del aire pero idealmente a un coste mínimo (sin tener que intervenir en la infraestructura de distribución). Para ello es necesario planificar de forma ordenada e inteligente la ubicación de puntos de recarga en una ciudad.
En Anthylis Consulting estamos trabajando en una herramienta que permita a entidades públicas anticiparse a las necesidades emergentes de puntos de recarga y programar intervenciones para el despliegue progresivo de la infraestructura. Disponer de una herramienta de este tipo permite:
establecer un orden de prioridad en el despliegue progresivo de infraestructura de recarga accesible a residentes y a visitantes diarios a las ciudades, sin necesidad de disponer de una plaza de estacionamiento en un parking privado,
sentar las bases para una fase posterior de planificación a nivel de red de distribución eléctrica que permita seleccionar y distribuir de forma óptima los diferentes tipos de cargadores y su cantidad, para lo cual se precisarán cruzar con datos de la infraestructura eléctrica procedentes de las compañías distribuidoras